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Es 2 de julio y en Colombia celebramos los 35 años de nuestra Constitución Política. Un hito que significó cambios profundos: puso a la dignidad humana en el centro, abrió la puerta a la participación ciudadana y le dio al país herramientas como la acción de tutela, hoy una de las formas más efectivas que tenemos los colombianos para defender nuestros derechos.

Conversamos con el doctor Manuel Enrique Quintero, director del Consultorio Jurídico de la
Fundación Universitaria San Martín, quien tiene una mirada clara sobre cómo ha evolucionado nuestra Carta Política a lo largo de más de tres décadas. Para él, la Constitución dejó de ser un simple texto legal hace mucho tiempo: se convirtió en un proyecto vivo, que sigue construyéndose y adaptándose a los cambios sociales, culturales, políticos y ambientales del país.

Gran parte de esa capacidad se la debemos a la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia ha permitido resolver problemas que la Asamblea Constituyente de 1991 ni siquiera imaginaba. Gracias a eso, hoy Colombia tiene un desarrollo jurisprudencial reconocido internacionalmente por su enfoque garantista.

Uno de los aportes más adelantados a su época fue la protección del medio ambiente. Los artículos 8, 79 y 80 obligan al Estado y a los ciudadanos a cuidar los recursos naturales y garantizan el derecho a un ambiente sano. Con los años, esta visión se fue consolidando en lo que hoy se conoce como la “Constitución Ecológica”, entendiendo que cuidar el planeta es parte esencial de un Estado Social de Derecho.

El doctor Quintero destaca algo interesante: en estos 35 años, el país pasó de pensar los derechos humanos de forma individual a verlos conectados con la protección de la naturaleza. Derechos como la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda digna, dice, hoy están estrechamente ligados a la conservación de los ecosistemas y al uso responsable de los recursos naturales.

Treinta y cinco años después, la Constitución de 1991 sigue siendo una hoja de ruta vigente para construir un país más democrático y participativo, y para enfrentar retos que apenas empiezan: la justicia ambiental, la sostenibilidad y la protección de todas las formas de vida.